El Parlamento Europeo ha dado luz verde a su propuesta de reforma de la directiva de trabajadores desplazados, para comenzar ahora a negociar con la Comisión y el Consejo y consensuar un texto en común, con la inclusión o no del sector del transporte como punto más conflictivo.
La Comisión Europea propuso reformar esta directiva, que data de 1996, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que son desplazados por su empresa a otro país, con el objetivo de garantizarles salarios justos y mejorar su protección, así como atajar la competencia desleal entre compañías.
El texto que defenderá en el trílogo el Parlamento Europeo establece que estos trabajadores deben recibir la misma remuneración que los locales, incluidas pagas extra y prestaciones, al tiempo que se les deben aplicar los convenios colectivos del país de destino.
Por otro lado, las cotizaciones por estos trabajadores, tanto a la Seguridad Social como por desempleo, dependerán del país donde esté ubicada esa empresa, por lo que sus condiciones estarán regidas por la legislación laboral de ese estado.
En caso de despido, también se aplicará la legislación laboral del país donde esté ubicada la sede de la empresa.
Sin embargo, todas estas condiciones serían aplicables a estos trabajadores únicamente durante 24 meses -según la propuesta del Parlamento-, para pasar después a estar amparados por la legislación del país de destino.
Este plazo difiere con los 12 meses que propone la Comisión y los 18 que aprobó el lunes el Consejo.
Pero el punto más conflictivo es el relativo al sector del transporte por carretera, ya que el Parlamento Europeo lo incluye en su propuesta, hasta que se apruebe una regulación específica en el paquete de movilidad -que comenzará a negociarse el año que viene-, a diferencia del Consejo que decidió dejarlo fuera de la directiva.
Las ponentes de esta propuesta, la popular Elisabeth Morin-Chartier y la socialdemócrata Agnes Jongerius, se han mostrado satisfechas porque las cosas avanzan en la dirección correcta, si bien “el demonio está en los detalles”.
A su juicio es necesario poner atención en el asunto del transporte por carretera, para asegurarse de que esta revisión “mantiene el equilibrio entre la libre circulación y la mejora de la protección de estos trabajadores”.
Ambas han explicado que los transportistas deben quedar amparados por esta reforma de trabajadores desplazados, hasta que se apruebe una legislación específica en el paquete de movilidad, porque “no queremos trabajadores de primera y de segunda”.
Asimismo, se han mostrado dispuestas a iniciar cuanto antes las negociaciones y han asegurado que “no les gusta perder”.
El Parlamento y el Consejo confían en comenzar a negociar en noviembre, con la intención de lograr un acuerdo en “primera lectura” y teniendo en cuenta que la legislatura se agota en junio de 2019.
La diferencia de puntos de vista entre los tres actores europeos hace augurar una negociación muy larga, según ha explicado a Efe el eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez, ya que cada institución debe refrendar de manera interna cada artículo que se pacte.
Para el socialista es necesario incluir a los trabajadores del transporte en esta reforma para que no queden desamparados, algo en lo que coinciden con la eurodiputada de la Izquierda Tania González, quien no obstante ha abogado regular algunas condiciones de estos trabajadores.
En el lado opuesto, la eurodiputada popular Verónica Lope Fontagne ha considerado que no es necesario aplicar la norma a los transportistas y que la solución está en atajar el fraude laboral, con más controles y sanciones para detectar trabajadores ilegales, algo en lo que coincide con la postura de los liberales de ALDE.
Lope alerta de dificultades sobre todo para las pymes del transporte, a la hora de aplicar estas normas, por ejemplo, en los cabotajes, es decir, paradas para entregar mercancía en distintos países aprovechando la vuelta al país de origen de un viaje.
Fuente: lavanguardia.com
